El Colegio de Ingenieros bonaerense respaldó la búsqueda de mecanismos para mejorar la red vial rural, pero alertó que obras sin control técnico pueden provocar inundaciones y pérdidas millonarias.
La decisión de varios municipios de la provincia de Buenos Aires de complementar mediante ordenanzas locales la vigente Ordenanza General 165/73 para obras públicas en caminos rurales reabrió el debate sobre cómo financiar estas intervenciones y, al mismo tiempo, garantizar que sean técnicamente adecuadas, duraderas y económicamente eficientes.
La discusión cobró fuerza luego de que trascendiera que algunos municipios ya promulgaron o analizan normativas que habilitarían la realización de obras rurales mediante contratación directa entre vecinos y empresas constructoras. Según advirtió el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, algunas de esas iniciativas dejan abierta la posibilidad de ejecutar trabajos de alta complejidad técnica sin exigir expresamente la participación de profesionales con título y alcance habilitante para esas tareas.
Desde la entidad señalaron que acompañan la creación de herramientas legales que permitan impulsar obras promovidas por productores y vecinos. Sin embargo, manifestaron preocupación porque ciertas ordenanzas delegan en áreas administrativas municipales la decisión de determinar, según la supuesta complejidad de cada proyecto, cuándo resulta necesaria la intervención de ingenieros.
Para el Colegio, ese criterio resulta insuficiente. Sostienen que toda obra vinculada a caminos rurales debe contar con la participación de ingenieros civiles, viales o hidráulicos, quienes poseen las incumbencias específicas y la matrícula habilitante para proyectar, dirigir y controlar este tipo de trabajos.
La institución advirtió que prescindir del asesoramiento profesional puede derivar en la ausencia de estudios topográficos, hidráulicos y estructurales fundamentales para determinar el comportamiento del camino y su interacción con el entorno. Según explicaron, estos aspectos pueden impactar directamente tanto en la calidad y vida útil de la traza como en la inundabilidad de los establecimientos productivos vecinos y de terceros afectados por alteraciones en los escurrimientos naturales.
En ese contexto, desde la entidad presidida por Jorge Castellano remarcaron que una obra mal ejecutada puede generar anegamientos, deterioro prematuro de los caminos y modificaciones indeseadas en el drenaje natural de los campos.
“Si no se quiere gastar dinero sin sentido se debe comprender que estas obras no consisten en alquilar una motoniveladora y volver a conformar el suelo para tener el mismo problema luego de un par de lluvias. Tenemos que entender que estos caminos deben proyectarse para brindar acceso en todo clima, por lo que la presencia de profesionales matriculados no es un requerimiento burocrático, sino una necesidad, porque es el profesional quien brinda la garantía técnica y legal para todas las partes involucradas”, expresaron.
Desde el Colegio agregaron que el objetivo es asegurar que las inversiones realizadas por propietarios y productores se ejecuten correctamente y dentro del marco legal vigente.
“Nuestro objetivo es asegurar que las inversiones en obras por los propietarios se hagan correctamente, con respaldo técnico de acuerdo con el marco legal existente”, señalaron.
La entidad indicó además que la problemática se repite en distintos municipios bonaerenses que buscan mecanismos más ágiles para mejorar la infraestructura rural. En ese sentido, los ingenieros sostienen que el debate debe centrarse en una cuestión de fondo: cómo ejecutar obras imprescindibles para el desarrollo del sector productivo sin repetir esquemas caracterizados por la falta de controles técnicos.
“¿Podemos pensar que cambiará la lamentable situación actual si se sigue haciendo lo mismo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir resignando en estos trabajos estándares técnicos, controles profesionales y durabilidad en desmedro de los vecinos y productores agropecuarios que solventan el costo de su ejecución?”, plantearon.
Finalmente, el Colegio de Ingenieros insistió en que una red de caminos rurales de calidad, con obras duraderas y económicamente sustentables, requiere como condición básica la participación obligatoria de profesionales matriculados con incumbencia específica, a fin de garantizar trabajos técnicamente aptos, perdurables y con el menor costo posible para quienes financian su ejecución.